Decreto Supremo N° 042-2011-PCM

Resolución Directoral N° 052-2011-DVMPEMPE/CP de 31.05.2011

LIBRO DE RECLAMACIONES

De acuerdo al Artículo 55° de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, su reclamo se encuentra relacionado a:

La precedencia en la atención del servicio público requerido, guardando riguroso orden de ingreso.

Ser tratados con respeto y consideración por el personal de las entidades, en condiciones de igualdad con los demás administrados.

Acceder, en cualquier momento, de manera directa y sin limitación alguna a la información contenida en los expedientes de los procedimientos administrativos en que sean partes y a obtener copias de los documentos contenidos en el mismo sufragando el costo que suponga su pedido, salvo las excepciones expresamente previstas por ley.

Acceder a la información gratuita que deben brindar las entidades del Estado sobre sus actividades orientadas a la colectividad, incluyendo sus fines, competencias, funciones, organigramas, ubicación de dependencias, horarios de atención, procedimientos y características.

A ser informados en los procedimientos de oficio sobre su naturaleza, alcance y, de ser previsible, del plazo estimado de su duración, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tal actuación.

Participar responsable y progresivamente en la prestación y control de los servicios públicos, asegurando su eficiencia y oportunidad.

Al cumplimiento de los plazos determinados para cada servicio o actuación y exigirlo así a las autoridades.

Ser asistidos por las entidades para el cumplimiento de sus obligaciones.

Conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de la entidad bajo cuya responsabilidad son tramitados los procedimientos de su interés.

A que las actuaciones de las entidades que les afecten sean llevadas a cabo en la forma menos gravosa posible.

Al ejercicio responsable del derecho de formular análisis, críticas o a cuestionar las decisiones y actuaciones de las entidades.

A exigir la responsabilidad de las entidades y del personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente.

Los demás derechos reconocidos por la Constitución o las leyes.